diumenge, 21 de novembre de 2010

El Síndic investigará la actuación de la Administración frente a los desahucios

El Síndic investigará la actuación de la Administración frente a los desahucios -Europa Press

El Síndic ha puesto como ejemplo situaciones como las vividas en Badia del Vallès (Barcelona), donde ha asegurado que se han vendido viviendas de protección oficial a un precio muy superior al precio tasado, lo que ha puesto de manifiesto, según el organismo, "una falta de coordinación y de control por parte de la Administración".
El Síndic de Greuges investigará la actuación de la Administración frente a los desahucios y pedirá información a la Conselleria de Medio Ambiente y Vivienda sobre qué medidas está llevando a cabo en este sentido.
En un comunicado, el Síndic ha argumentado que, a pesar de que buena parte del problema de las ejecuciones inmobiliarias es de carácter privado entre las entidades financieras y las personas que firman el crédito hipotecario, el derecho a la vivienda es un derecho estatutario y constitucional, por lo que quiere estudiar las medidas de la Administración.
El Síndic ha puesto como ejemplo situaciones como las vividas en Badia del Vallès (Barcelona), donde ha asegurado que se han vendido viviendas de protección oficial a un precio muy superior al precio tasado, lo que ha puesto de manifiesto, según el organismo, "una falta de coordinación y de control por parte de la Administración".
Ha añadido que estos casos "evidencian que el ciudadano puede que no disponga de una información clara e inteligible a la hora de contratar un crédito hipotecario".
En el caso de las viviendas de protección oficial, el Síndic ha señalado que se deben estudiar propuestas para mejorar la coordinación entre los agentes implicados en las transmisiones de las viviendas y establecer los mecanismos que eviten una vulneración de la normativa.

El Síndic investigará la venta de pisos protegidos - El Periódico de Catalunya

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha anunciado la apertura de una investigación de oficio respecto a situaciones como la vivida en Badia del Vallès, donde se vendieron viviendas de protección oficial a precios muy superiores al valor de la tasación de los inmuebles. Una situación que, ante la crisis, ha generado graves problemas económicos en los compradores. El Síndic estudiará qué medidas toma la Administración para evitar estos problemas y pide coordinación entre los implicados. Ribó enmarca este problema en la situación madre de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios.

El Síndic investigará el fraude de los pisos sociales en Badía -El País

El Síndic de Greuges investigará a la Administración por las ventas irregulares de pisos protegidos que se dieron en toda Cataluña, especialmente en Badia del Vallès, durante los años del boom inmobiliario. A pesar de que estas compraventas se producían entre particulares, el síndic, Rafael Ribó, consideró ayer que las transacciones evidencian la una "falta de coordinación y control" por parte de la Administración competente, que en este caso es la Generalitat.
Las transacciones irregulares de pisos protegidos han salido a la luz en Badia del Vallès por las particularidades de la localidad. La ciudad es una de las que más sufren los estragos del paro, lo cual ha supuesto que muchos ciudadanos, de momento unas 80 familias, no puedan afrontar sus hipotecas. Esas dificultades, que los dejaron al borde del desahucio, se produjeron porque habían comprado su vivienda de protección oficial (VPO) de régimen general -la más barata de todas las figuras de VPO- a un precio que incluso multiplicaba por 15 el valor tasado del piso. Y eso se dio, y ahí está la segunda singularidad, en un municipio en el que el 99,9% de las casas son sociales.
El Síndic de Greuges consideró que "situaciones como la de Badia del Vallès" han puesto de manifiesto "una falta de coordinación y de control" en las transacciones de viviendas públicas por parte de la Administración. Además, destapan casos en los que el ciudadano, cuando se dirige a su entidad financiera para contratar un crédito hipotecario, "puede no disponer de una información clara y comprensible".
El síndic, Rafael Ribó, coincidió con la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, en el diagnóstico: "buena parte" de este problema es de "carácter privado", entre las entidades financieras que otorgaron esos créditos y las personas que los pidieron. Sin embargo, Ribó aseguró en un comunicado que, puesto que el acceso a la vivienda se trata de un "derecho constitucional y estatutario", estudiará las medidas que ha adoptado la Administración para controlar estas transacciones a partir de ahora, ya que la ley establece que, mientras una vivienda esté protegida, no puede venderse a precio libre, sino solo por el valor tasado.
El Síndic se dirigirá ahora al Departamento de Medio Ambiente y Vivienda para pedir información sobre estas medidas. Según el comunicado, la intervención del Síndic se encaminará también a estudiar "propuestas de mejora" de la coordinación de los agentes implicados -Administración, entidades financieras, notarios, registradores y particulares- en las transmisiones de viviendas y fijar los mecanismos para evitar que se vulnere la normativa.
En la nota, el Síndic de Greuges también muestra preocupación por los desahucios que son fruto de la crisis y de las cargas hipotecarias, lo que es "especialmente grave" para quienes no pueden cubrirlas y se quedan en situación de exclusión social. Según Trilla, la Generalitat no ha podido cerrar un acuerdo con todas las entidades financieras que operan en Cataluña para que realicen daciones en pago con quienes no puedan pagar la hipoteca, es decir, ejecutar el crédito y quedarse el piso, pero no echar a su ocupante, que pasaría a pagar un alquiler a la entidad. Aun así, la Generalitat ha puesto en marcha la oficina Ofideute, que trata de mediar entre personas que podrían quedarse sin casas y bancos y cajas.

dimecres, 10 de novembre de 2010

A la "caza" de bolets

Una mañana de domingo interesante, el tiempo amenazaba lluvias pero… el sol brillo, fuimos hasta Collserola, la escasez de lluvia en los últimos días hacían pensar que la “caza” de bolets iba a estar difícil.


Claro que con Alfonso al frente es difícil dejarse un matojo, un bulto en la tierra, etc… donde el no pueda apreciar que allí había algo....




Nos enseño distintos tipos de setas venenosas, las que sirven para hacer tortilla, las de cocinar con carne, las de comer a la brasa y las que no encontramos no las mostró en sus libros, hasta nos enseño a limpiarlas.


Como veréis una buen “caza” entre rebaños de ovejas, los coloridos de los madroños, el aroma del romero, como siempre risas, experiencias y momentos compartidos que no tienen precio… solo el valor del tiempo que tu le quieras dedicar.





Y alguien mas que se incorporo a nuestras excursiones, Bienvenido José Antonio

divendres, 5 de novembre de 2010

Vivienda duplicó el valor de los pisos de Badia para parchear el fraude en su venta

La Generalitat aprobó el pasado mes de febrero una modificación del régimen de la vivienda protegida de Badia del Vallès (que afecta a los 5.372 pisos del municipio) que, en la práctica, supone duplicar el valor de todas las viviendas de la localidad. La extraodinaria medida se adoptó cuando empezó a aflorar el fraude en la venta de pisos protegidos.
La Generalitat aprobó el pasado mes de febrero una modificación del régimen de la vivienda protegida de Badia del Vallès (que afecta a los 5.372 pisos del municipio) que, en la práctica, supone duplicar el valor de todas las viviendas de la localidad. La extraodinaria medida se adoptó cuando empezó a aflorar el fraude en la venta de pisos protegidos muy por encima de su precio legal y, según las entidades que están prestando apoyo a los afectados, pretende ayudar a las entidades financieras a mitigar las cuantiosas pérdidas que iban a sufrir y a parchear la situación para evitar el escándalo que provocaría una catarata de desahucios a personas que eran víctimas de una ilegalidad.
El fraude en la venta de pisos protegidos se vio favorecido por el bajo precio legal de los pisos de Badia, municipio levantado por el franquismo para acoger a los inmigrantes del resto de España llegados para trabajar en Barcelona. Estas viviendas -de régimen especial, con un valor oficial el 50% por debajo de las viviendas protegidas normales- no podían venderse por encima de los cerca de 40.000 euros, en los casos más caros, que fijaba la ley.
Sus dueños, sin embargo, las sacaron al mercado por cantidades que multiplicaban por hasta cinco veces su precio legal. Para que ello fuera posible, los propietarios debieron contar con la complicidad (por acción u omisión) de empresas inmobiliarias, cajas -que concedieron hipotecas de hasta 200.000 euros por pisos que no podían valer más de una quinta parte y que, por tanto, sirvieron para pagar en dinero negro buena parte de las compras-, notarios y la propia Generalitat, que a través de su organismo público de vivienda (Adigsa) debía velar por evitar estos fraudes.
Pero en los años de la especulación salvaje todos los controles fallaron y cientos de personas (en su mayoría inmigrantes marroquíes) acabaron comprando los pisos con unas hipotecas gigantescas que no iban a poder pagar.Con la llegada de la crisis, la situación en Badia se fue haciendo insostenible: uno tras otro, los compradores perdieron el trabajo e, incapaces de pagar la hipoteca, el desahucio se perfiló como la única alternativa en su horizonte. A principios de año, 80 familias estaban en esta situación y la cifra amenazaba con multiplicarse.
Para las cajas -principalmente Caixa Catalunya, hoy CatalunyaCaixa, pero también Caixa Penedès y Cajamadrid- la situación no era mucho mejor. De las incobrables hipotecas de 200.000 euros que habían concedido apenas iban a recuperar los 40.000 que, legalmente y sobre el papel, valían los pisos de Badia.
La catarata de desalojos que se avecinaba, con el consiguiente escándalo y conflicto social, se evitó con un acuerdo entre la Generalitat y CatalunyaCaixa que establece que la entidad se quedará con los pisos, perdonará a los compradores las hipotecas pendientes y les cobrará un alquiler.
Las grandes pérdidas que iban a sufrir CatalunyaCaixa y las otras entidades, sin embargo, se verán paliadas en buena medida por la decisión adoptada por la Generalitat (formalmente una modificación de un decreto), que duplica de un plumazo el valor de los pisos y, por tanto, los activos que las entidades pueden incluir en sus cuentas financieras.
La medida establece que todas las viviendas nuevas tendrán el mismo valor que el fijado para la vivienda social de régimen general, el doble del que tenían anteriormente. La modificación también permite a los propietarios actuales revalorizar su piso.
Esta decisión, según las entidades que están ayudando a los afectados, solo sirve para reducir "las pérdidas de las cajas, que se habrían quedado un piso que no vale casi nada", asegura Alternativa d'Esquerres per Badia. "Los bancos participaron en el fraude concediendo hipotecas irresponsables, pero una vez más, no se les hace pagar los platos rotos, sino que son asistidos por la Administración", agrega Ada Colau, del Observatorio Desc.
Estas entidades sociales destacan, además, que la revalorización de los pisos de Badia beneficia a todos menos a las familias afectadas. "El hecho de que se duplique el valor del piso significa que estas personas han gozado de un incremento patrimonial y Hacienda les reclamará el pago de los impuestos correspondientes a pesar de que la vivienda dejará de ser suya porque se la quedará el banco", señala Colau.
La Generalitat y CatalunyaCaixa ya han previsto la solución: el acuerdo establece que la caja dará créditos a las familias para pagar estos impuestos. El problema es que los afectados rechazan volverse a endeudar con el banco.
Para la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, la modificación del decreto es positivo para Badia porque contribuirá a que deje de ser "una isla infravalorada respecto a las localidades vecinas".
CatalunyaCaixa, por su parte, negó ayer cualquier relación con el fraude y destacó que con el acuerdo con la Generalitat la entidad pretende contribuir a solucionar una situación difícil para todas las partes.

Escrito por El Pais

Vídeo de Cuatro

dijous, 4 de novembre de 2010

La crisis destapa un fraude masivo en la venta de pisos sociales en Badia

Badia del Vallès conoce el paro como ninguna otra población de Cataluña. Con una tasa de desempleo que roza el 22%, esta ciudad, levantada en las postrimerías del franquismo para albergar a los obreros llegados del resto de España, también conoce bien los estragos de la crisis y del estallido de la burbuja inmobiliaria. El 99,9% de sus gigantescos edificios, que se alzan tan apiñados que permiten el milagro de albergar hasta 5.372 pisos en menos de un kilómetro cuadrado, son de protección oficial, pero ello no impidió que en los años del boom inmobiliario se especulara deliberadamente con ellos. Cientos de estos pisos fueron vendidos sin control a precios hasta tres veces superior a los permitidos para la vivienda social.
Fue un "fraude masivo", según la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y el Observatorio de Derechos Sociales Desc, en el que participaron desde los propietarios de los pisos, que al venderlos vulneraron la limitación de precios que rige sobre la vivienda protegida, hasta las cajas que concedieron hipotecas de hasta 200.000 euros para pagar un piso que oficialmente no se podía vender por más de 40.000.
Según denuncian estas entidades, también entraron en el juego las inmobiliarias, que sacaron su tajada en forma de jugosas comisiones, y los notarios, que dieron por buenas estas dudosas operaciones de compra-venta. Las entidades acusan a las administraciones de no haber evitado estas irregularidades "por falta de control o simplemente porque miraban hacia otro lado".
El escándalo quizás no habría salido nunca a la luz si la crisis no hubiera dejado en el paro, y sin poder pagar sus desmesuradas hipotecas, a las víctimas de este engaño inmobiliario, en su mayoría inmigrantes marroquíes. En los últimos dos años, al menos 80 familias, algunas con todos sus miembros en el paro, se vieron obligadas a dejar de pagar la hipoteca. Estos son los casos de pisos vendidos ilegalmente que se conocen, aunque la Generalitat admite que el fraude es mucho mayor, de varios cientos de viviendas.
Las familias afectadas, tras intentar infructuosamente negociar con su banco, que inició los trámites legales para desahuciarlas, acudieron al Casal de l'Esquerra de Badia. Allí, asesoradas por abogados que revisaron todo su papeleo, descubrieron que habían sido víctimas de un fraude.Ante Adigsa, empresa pública de vivienda de la Generalitat a la que deben comunicarse las ventas de los pisos sociales, los compradores marroquíes habían firmado con el propietario una escritura de compra-venta por un precio modesto, que oscilaba entre los 6.000 y los 50.000 euros, dentro de los límites legales permitidos para las viviendas de Badia, que por decreto tienen la mitad del valor de la vivienda social de régimen general. El problema es que los propietarios habían cobrado a los compradores una suma entre tres y cinco veces superior a la escriturada, con lo que recibieron un jugoso pago en negro.
Ada Colau, del Observatorio Desc, destaca que el fraude no hubiera sido posible si las entidades financieras no hubieran concedido hipotecas por un valor que estaba a años luz del módico precio que en realidad tenía el piso. Además, agrega, estas hipotecas eran de "alto riesgo", ya que se daban a los inmigrantes "con el único aval de familiares y amigos insolventes, a veces sin trabajo y sin patrimonio". Colau denuncia que la desregulación hipotecaria "permite a los bancos dar estos créditos irresponsables para compra-ventas fraudulentas".
También la secretaria de Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla, recrimina el "altísimo riesgo" de estas hipotecas. Trilla reconoce que, con la connivencia de los bancos, se entró en un "juego muy peligroso" que ha estallado con la crisis, pero niega que la Generalitat hiciera la vista gorda ante estas ventas irregulares. "Las escrituras notariales y el contrato de compra-venta que nos presentaban ante Adigsa cumplían todos los requisitos. Las operaciones en negro que se realizaban al margen no podemos saberlas mientras no existan denuncias, y no las hubo", señala Trilla. La secretaria de Vivienda agrega que debía ser Hacienda la que controlara el dinero negro que recibieron los vendedores. Un portavoz de la Agencia Tributaria aseguró ayer que iniciarán las investigaciones sobre el caso si reciben las denuncias correspondientes.
La dimensión que ha adquirido el caso ha obligado a la Generalitat, a CatalunyaCaixa (entidad que concedió las hipotecas a la mayoría de los afectados) y al Ayuntamiento de Badia a pactar una solución para evitar la alarma social que hubiera generado un desahucio masivo de ciudadanos que fueron víctimas fáciles del fraude por su vulnerabilidad y, en muchos casos, por su desconocimiento de las leyes y del idioma de la sociedad que las acoge.
Tras largos meses de tira y afloja, la Generalitat ha logrado que la entidad financiera frenase los procesos de desahucio que solicitó. Según el acuerdo firmado, los afectados podrán entregar el piso a la caja y esta les condonará la deuda contraída al firmar la hipoteca. Es la denominada dación en pago, una solución que en España no se aplica. Con la crisis, miles de ciudadanos se han quedado sin vivienda por impago, pero ello no les ha librado de seguir pagando al banco hasta saldar la deuda hipotecaria.
En el caso de Badia, los afectados que entreguen la vivienda al banco podrán seguir en ella en régimen de alquiler subvencionado y con opción de recompra si su situación económica mejora. Para Alicia Barreira, la abogada que ha asesorado a la mayoría de los inmigrantes, esta "no es una buena solución" para los afectados. "Habría que declarar nulos todos los contratos de compra-venta que se hicieron al margen de la ley y obligar a los bancos a retornar a los afectados la parte que han pagado de su hipoteca".
Entre los inmigrantes hay confusión. Nadie de momento se ha acogido a la solución ofrecida por la Generalitat y CatalunyaCaixa. La entidad bancaria ha declinado hacer declaraciones sobre las hipotecas concedidas en Badia, aunque sí ha confirmado la existencia del acuerdo con la Generalitat para que los afectados no se queden en la calle.

Escrito por El Pais